La desaparición forzada es un crimen cada vez más común
en los estados del norte
La
llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el
crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado
graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que
organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH.
El
Estado mexicano ha implementado “operativos conjuntos” militarizados de
seguridad, en los que interviene el Ejército, la Policía Federal y las policías
locales en actividades de vigilancia, patrullaje e investigación,
principalmente en los estados fronterizos del norte. La tasa de homicidios se
ha incrementado exponencialmente en todas estas demarcaciones.
Mariclaire
Acosta, miembro de los consejos directivos de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de CEJIL, afirmó que la estrategia
estatal no ha reducido el crimen ni la impunidad y, por el contrario, ha minado
la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“El incremento de la violencia y las
actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y -sobre todo- el
asesinato, se dispara en donde está la presencia armada del Estado”, afirmó
Acosta.
En
este sentido, Stephanie Brewer, del Centro PRODH, agregó que la militarización
de la seguridad amenaza las garantías ciudadanas pues “los agentes estatales se
sienten en total libertad para violar los derechos humanos con impunidad”. Este
es el motivo por el cual han aumentado las detenciones arbitrarias, las
torturas, las ejecuciones, las desapariciones y otras graves violaciones de
derechos humanos.
La
situación también compromete el trabajo de los defensores y defensoras de
derechos humanos, como lo expresaron Diana Morales, del Centro de Derechos
Humanos Paso del Norte (de Ciudad Juárez), y Gabino Gómez, del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. El hostigamiento, las amenazas y
los asesinatos de activistas se han incrementado en estas zonas en conflicto
sin que el Estado pueda ofrecer una protección adecuada. Durante la audiencia
se expusieron ejemplos dramáticos sucedidos en Chihuahua, los cuales evidencian
una tendencia de recrudecimiento en el peligro que corren los defensores y
defensoras.
Durante
la audiencia, los comisionados de la CIDH expresaron un especial interés por el
problema de la desaparición forzada en México. Según Carlos Zazueta, abogado de
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), en los estados del
norte de México son frecuentes las desapariciones perpetradas incluso por los
propios agentes del Estado. Ante las denuncias, Zazueta afirmó que las
autoridades judiciales simulan pesquisas o simplemente no las hacen. Por ello,
denunció el subregistro por el miedo a la denuncia, y expresó su preocupación
por la inadecuada o faltante tipificación del delito de desaparición forzada,
así como por la ausencia de un recurso adecuado para encontrar a personas
desaparecidas.
Por
su parte, la delegación del Estado mexicano justificó sin sustento la política
de seguridad implementada durante la administración del Presidente Felipe
Calderón. Entre otros, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos
Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido,
justificó la estrategia de seguridad y afirmó que, gracias a las acciones
derivadas de ella, se ha logrado detener la expansión de la actividad criminal
a otras zonas del país. No obstante, la representación mexicana no se refirió
al tema del incremento en los crímenes de violencia en los estados del norte ni
a los hechos concretos presentados por las organizaciones de la sociedad civil.
Las
organizaciones peticionarias concluyeron su exposición instando a la CIDH para
que exhorte al Estado a asumir las recomendaciones planteadas en su Informe
sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (publicado en el 2009) como el
camino a seguir para garantizar una seguridad real de la ciudadanía ante el
problema de la violencia en México. Asimismo le solicitaron a la Comisión que
realice una visita in situ para que compruebe la situación de los
derechos humanos en México y que emita posteriormente recomendaciones precisas
al Estado para solventar las graves violaciones de derechos humanos que se
están cometiendo.
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