Washington D. C., 29 de marzo del 2011.
La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico
agrava la situación de los Derechos Humanos (DH) en México, toda vez que van en
aumento las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones
forzadas, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Las agrupaciones defensoras de los DH advirtieron que
políticas de seguridad como los operativos militarizados recrudecen las
amenazas contra activistas humanitarios en nuestro país.
En la audiencia temática “Seguridad ciudadana y
Derechos Humanos en México”, que ayer se realizó en la sede de la CIDH en
Washington, Estados Unidos, 18 organizaciones con sede en México y una internacional señalaron que Chihuahua
–entidad que en 2010 registró 15 mil 273 homicidios– es un ejemplo claro de las
violaciones a los DH que ocurren en todo el país.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm),
Justicia Para Nuestras Hijas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH) y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras
agrupaciones, acusaron que los estragos de la “guerra contra el narcotráfico”
van en aumento.
La directora del Programa para Centroamérica y México
de Cejil, Alejandra Nuño, explicó que durante la audiencia las organizaciones
peticionarias se centraron en la violencia en general; sin embargo
puntualizaron que los homicidios y amenazas contra defensoras en Ciudad Juárez
siguen en la impunidad.
En los últimos 15 meses, tres defensoras de DH fueron
asesinadas en la entidad fronteriza: Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010;
Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del mismo año; y Susana Chávez, el 6 de
enero de 2011. Otras tres defensoras se vieron obligadas a abandonar Chihuahua
para salvaguardar su integridad.
Ante el hostigamiento y las constantes amenazas de
muerte, las fundadoras de la
organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y María Luisa
García, abandonaron su hogar a principios de este mes de marzo. La activista
chihuahuense Cipriana Jurado está en espera de respuesta a su solicitud de
asilo político en EU.
Alejandra Nuño destacó que la audiencia ante la CIDH
sirvió para evidenciar la drástica situación que se vive en México, la
impunidad y el fracaso de los operativos conjuntos contra el narcotráfico
implementados desde 2006, toda vez que sólo aumentaron la tasa de homicidios,
lo cual “es preocupante”, observó.
En su turno, la delegación mexicana defendió ante la
CIDH la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.
La representación gubernamental estuvo integrada por
Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García,
subsecretario de Seguridad Pública, y Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Los representantes del Estado mexicano aseguraron que
las estrategias de seguridad van en el camino correcto ya que –argumentaron–
existía la necesidad urgente de actuar rápido para contener la expansión de la
actividad criminal. “La delincuencia y la violencia motivan una respuesta por
parte del Estado”, aseguró Rubido García.
Zamora Castro aseguró que las políticas anticrimen
respetan los DH y que la lucha contra el
narco es integral porque además de los operativos conjuntos, también se han
implementado “políticas de prevención del delito y reconstrucción del tejido
social”.
Alejandra Nuño
consideró que la respuesta de la delegación mexicana fue preocupante porque
demostró una actitud “cerrada” en el tema de seguridad, lo que demuestra que la
administración de Felipe Calderón no tiene la intención de evaluar el uso del
Ejército o la voluntad de desaparecer la figura del arraigo.
La abogada destacó que estas líneas de acción están
lejos de combatir a la delincuencia y al mismo tiempo garantizar los DH, por
ello solicitaron al Estado mexicano que asuma los mandatos de la CIDH como guía
para armonizar la legislación en materia de seguridad y justicia y superar las
inconsistencias del actual marco normativo.
En la audiencia, Mariclaire Acosta, miembro del
consejo directivo de Cejil, urgió al Estado mexicano a realizar los cambios
estructurales necesarios para terminar con las detenciones arbitrarias,
tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y otras violaciones cometidas en
el contexto de la guerra contra el narco.
Asimismo, solicitó a los representantes de la CIDH que
visiten México, constaten la situación de los DH y pidan cuentas al Estado de
cómo está cumpliendo con las recomendaciones que este organismo de la
Organización de Estados Americanos hizo en el Informe sobre Seguridad Ciudadana
y Derechos Humanos, presentado en nuestro país en 2010.
Contacto de
prensa: Darío Chinchilla
Tel. 1 (202)
258-8920
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